Las declaraciones del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba en una reunión reciente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre eliminar los beneficios fiscales que tienen las empresas que contratan seguros privados para sus empleados ha generado no pocos comentarios y críticas en diferentes entornos de la sanidad e incluso fuera del propio sector. En ese contexto de contrariedad, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y las empresas miembros de su Patronato han emitido un comunicado que aporta reflexiones clave si queremos impulsar un sistema sanitario que utilice todos los recursos disponibles en pos de su solvencia y sostenibilidad a corto, medio y largo plazo.

De los casi 9 millones de asegurados de salud que existen en España, actualmente 2.902.181 los son a través de las primas que desembolsan las empresas en las que trabajan y cada asegurado de salud ahorra a las arcas públicas una cantidad que varía en función del uso que haga de la provisión privada, parcial o total, entre 624 euros por persona y año y 1189 euros por persona y año, sin contar el ahorro en farmacia extrahospitalaria que generan estos usuarios que habitualmente financian completamente sus propias medicinas y que supone 259 euros por persona y año.

La propuesta del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de eliminar los beneficios fiscales que tienen las empresas para la contratación de los seguros privados de salud de sus empleados significaría un incremento de coste para el sistema público, sin contar lo que supondría la financiación de la farmacia extrahospitalaria, entre 1.810 millones de euros y 3.450 millones de euros, en función del uso que hicieran los usuarios de la provisión privada. En cualquier caso muy superior a los 319 millones de euros de ingreso que supondría la medida propuesta.

El IDIS considera que las propuestas del candidato supondrían favorecer una utilización mayor de los recursos públicos y una saturación aún mayor de los servicios, hospitales y centros.. A la vez se produciría un aumento considerable de los periodos de demora y listas de espera, generándose situaciones complejas en el acceso a la población a los servicios sanitarios, peligrando de esta forma algunos principios básicos del Sistema Nacional de Salud (Equidad, Acceso y Cohesión) y perjudicando, por lo tanto, al usuario en su conjunto.

Además dichas medidas producirían de manera irremediable la pérdida de más de un tercio de los asegurados privados de salud y con ello el cierre de decenas de hospitales, clínicas y centros ambulatorios condicionando la pérdida de miles de puestos de trabajos.

El IDIS apuesta desde su constitución por la búsqueda de la complementariedad e integración de los dos sistemas de provisión y aseguramiento, público y privado, en sus diferentes formatos y modalidades en aras a la utilización eficiente de todos los recursos disponibles, evitando duplicidades e ineficiencia en el sistema, todo ello en beneficio de todos los usuarios de la sanidad en España.

Un ejemplo constructivo al respecto es el aportado por el IDIS en su estudio "Impacto de la deducción fiscal a la suscripción voluntaria de seguros privados de salud”, fijándose el marco de actuación de las medidas propuestas en la población con rentas inferiores a 30.000 euros, calculándose un ahorro que, dependiendo de la unidad familiar, se situaría entre los 107 euros y 365 euros anuales. Las familias serían las principales beneficiadas por la puesta en marcha de esta medida, ya que se contribuiría a la generación de ahorro y se facilitaría el acceso de éstas a los servicios sanitarios privados. Se ha calculado que para una familia media (tres integrantes) la deducción fiscal supondría un ahorro de 310 euros anuales.

Asimismo, la puesta en marcha de la medida tendría un impacto directo en el número de asegurados individuales, que se ha estimado en un incremento de entre el 5 por ciento y el 15 por ciento, lo que supondría crecer en alrededor de 620.000 asegurados y se traduciría también en un aumento en el volumen de tributación del sector de más de 18,9 millones de euros (incremento del 8 por ciento) y en un incremento de actividad y, por lo tanto, del número de profesionales empleados.

El crecimiento en actividad supondrá un aumento en el volumen de tributaciones de centros hospitalarios y extrahospitalarios de más de 43,2 millones de euros (incremento del 4 por ciento). Asimismo, implicaría un crecimiento en el empleo directo de 16.959 profesionales, cifra equivalente al personal necesario para poner en marcha 4,5 hospitales universitarios. También debemos considerar la generación de empleo indirecto en sectores como el de la industria farmacéutica y de productos sanitarios, oficinas de farmacia y ortopedias, tejido hostelero alrededor de los centros sanitarios, etc. Algo que no es fácilmente cuantificable pero del que no hay lugar a duda que se generará.

Aunque la deducción fiscal propuesta significa inicialmente una disminución de la recaudación calculado en un total de 129,8 millones de euros anuales (saldo fiscal neto), cifra que equivale a menos del presupuesto en personal de un hospital universitario como el nuevo Puerta de Hierro, ésta quedaría rápidamente contrarrestada si tenemos en cuenta que el crecimiento en asegurados generará un incremento en la actividad de estos centros y que el incremento de ingresos se trasladará a un aumento en la recaudación del Estado a través de Impuesto de Sociedades e IRPF. En esta misma línea, un incremento de número de asegurados privados, presumiblemente redundarán en un menor uso de los servicios públicos, generando un ahorro para el sistema público y el Estado que se situaría entre los 246 y 738 millones de euros.

En el momento actual, en el que la crisis económica permite suponer que la presión fiscal se mantendrá alta en los próximos años, se necesita establecer líneas de dinamización de los mercados internos siempre que con ello se consiga aumentar valor a la economía española. Con la deducción fiscal a la suscripción privada de seguros voluntarios de salud, esta dinamización es doblemente positiva al incorporar también un componente de descarga al sector sanitario público.

En definitiva, antes de proponer cualquier medida de carácter electoralista como las apuntadas, se debería tener en cuenta el interés general y la salvaguarda del sistema en su conjunto, siempre en beneficio del paciente y el profesional sanitario tanto en su vertiente de aseguramiento y provisión pública o privada con el objetivo prioritario de aportar los mejores resultados de salud de la forma más eficiente posible.